BOGOTA, CAPITAL DE LA PAZ

Como estamos seguros de que las conversaciones entre el estado y la insurgencia van a culminar con éxito, ninguna ocasión más oportuna para que los puntos del programa con el que Gustavo Petro ganó la alcaldía de Bogotá, todos con un alto componente social, reciban un impulso inesperado que los hará más viables todavía y menos vulnerables a los ataques de sus contradictores. Ninguna ciudad más preparada en Colombia para  afrontar con éxito los retos del posconflicto que Bogotá y ningún mejor ejemplo para el país que sea su capital el escenario adecuado para que las conclusiones de dicho postconflicto se puedan materializar. Sin desconocer la importancia que han tenido las últimas administraciones en el mejoramiento de las condiciones de vida de los bogotanos, es imposible desconocer el aporte que las dos últimas administraciones del Polo Democrático (pese a los actos de corrupción de la de Samuel Moreno) le han logrado imprimir al componente social de sus programas. Sin haber descuidado a otros sectores de la población, es el de los pobres el que ha resultado más beneficiado con dichas políticas. Por supuesto que esto no hubiera sido factible sino contáramos con una constitución que, por ser producto de los acuerdos entre los sectores más representativos de la sociedad, incluyendo desde luego a las fuerzas insurgentes que para entonces se desmovilizaron, nació sintonizada con la época y quienes la impulsaron lograron imprimirle un sello pluralista, incluyente y democrático que quedó reflejado en gran parte de su articulado.

Solo un estudio concienzudo de los diversos procesos de paz -exitosos o no- que se ha adelantado en Colombia (ver anexo[i])  y en el mundo en las últimas décadas sentará las bases de una paz duradera en el país. Sobre todo esos procesos en el caso colombiano. De ahí la importancia de las negociaciones de paz que en este momento se inician entre el estado colombiano y la insurgencia de las FARC-EP y la importancia de que el ELN inicie también sus propias conversaciones de paz. En este orden de ideas, es bueno aclarar que sin las negociaciones que adelantó con la insurgencia Belisario Betancur y con los intentos consiguientes que terminaron en fracaso, las negociaciones de paz con el M-19, el Quintín Lame, el PRT y el EPL no hubieran sido posibles ni exitosas. Tampoco las que se adelantaron con la Corriente de Renovación Socialista. Sin esos procesos de paz anteriores, hoy no estaríamos hablando de una constitución como la del 91, ni de administraciones de izquierda en el país, ni mucho menos de un exguerrillero, como Gustavo Petro, en la alcaldía de Bogotá. (Las negociaciones de paz con los paramilitares, merecen un capítulo aparte)

La capital de los colombianos no ha sido tan decisiva en negociaciones anteriores como lo puede ser en el presente y mucho más contando con un excombatiente al frente de sus destinos, con apenas un año en el gobierno, y con un plan de desarrollo que bien podría ser tema de discusión en la mesa de negociaciones. Sin tener en cuenta los intentos -exitosos o no- de lograr la paz en Colombia y en el resto del continente, no podríamos hablar de una paz integral como corolario de las conversaciones que hoy se adelantan con la insurgencia armada. A la consolidación de una paz así concebida es a la que debe contribuir la capital de Colombia y más teniendo en cuenta el énfasis en lo social que comporta su plan de desarrollo. No hay ningún componente de este plan de desarrollo -llámese social, cultural, turístico, ambiental, educativo, tecnológico, financiero, alimentario, de movilidad, etc- que no encaje perfectamente en las expectativas que generan la solución del conflicto armado y el posconflicto consiguiente. Y todas las entidades del distrito están diseñadas para que cada uno de dichos componentes tenga un cabal desarrollo en el corto y el mediano plazo. Sí así lo entienden las partes encontradas en la mesa de negociación y así lo entiende el propio alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el éxito del posconflicto, por lo menos en lo que atañe a la violencia política, está casi que asegurado.

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i  Gobierno de Belisario Betancur

En el año de 1982 el presidente Belisario Betancur anunció el inicio de un proceso de paz con las Farc y el M-19, cuyas conversaciones se llevaron a cabo en el municipio de La Uribe, en el departamento del Meta.

En 1984 se logró pactar un cese del fuego y la desmovilización de algunos guerrilleros, que junto con miembros del Partido Comunista, conformaron la Unión Patriótica (UP).

Sin embargo, el asesinato de Iván Marino Ospina, miembro de la cúpula militar del M-19, terminó con las negociaciones de paz. Posterior a estos episodios, en 1985 se dio la toma al Palacio de Justicia por parte del M-19.

Gobierno de Virgilio Barco

El presidente liberal Virgilio Barco también hizo acercamientos de paz con la guerrilla de las Farc, pero el exterminio de miles de militantes de la Unión Patriótica, al parecer por parte de grupos paramilitares, frenó el proceso.

El mandatario también llevó a cabo diálogos con la guerrilla del M-19 y expidió una ley de amnistía.

 
Gobierno de César Gaviria

Los diálogos con la guerrilla de las Farc se rompieron luego de que ordenara el bombardeo en el municipio de La Uribe. Sin embargo, su gobierno logró pactos con las guerrillas del M-19 y el Epl, que se desmovilizaron y comenzaron a hacer parte de la dirigencia política del país.

Gaviria también llevó a cabo conversaciones con las Farc y el Eln en Caracas, Venezuela, que luego se trasladaron a Tlaxcala, México. En 1992 se rompió el proceso por el asesinato de un ex ministro secuestrado por la guerrilla.

Gobierno de Ernesto Samper

Aunque el presidente Ernesto Samper quizo alcanzar la paz, la guerrilla de las Farc no aceptó dialogar con el argumento de que ese Gobierno era ilegítimo por el escándalo del "proceso 8 mil".

Pese a que no se pudo adelantar el proceso con las Farc, Samper adelantó diálogos con el Eln, incluso en España y Alemania, pero este proceso no prosperó.

Gobierno de Andrés Pastrana

Al llegar a la Presidencia de la República, Andrés Pastrana anunció el inicio de un proceso de paz con las Farc, que se dieron en San Vicente del Caguán, en una zona de aproximadamente 42 mil kilómetros cuadrados.

El entonces mandatario retiró las Fuerzas Militares y de Policía de esa zona del país para que se pudiera dar la negociación.

En 1999 se inició el proceso de paz, pero los diálogos se realizaron en medio de la confrontación y se rompieron en febrero de 2002 tras el secuestro de Jorge Eduardo Géchem.

Gobierno de Álvaro Uribe

El presidente Álvaro Uribe instauró la política de Seguridad Democrática y lanzó una fuerte ofensiva militar contra la guerrilla de las Farc con el apoyo de Estados Unidos.

El Gobierno inició diálogos en Cuba con el Eln, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo.

Entre 2004 y 2005 hubo facilitación de México para un diálogo con la guerrilla y en 2007 se intentó restablecer el proceso con ese grupo en Venezuela con la mediación del presidente Hugo Chávez, pero este intento fracasó.

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