LA PAZ Y LA CONSTITUCIÓN DEL 91

  En atención a los planteamientos anteriores, de llegarse a un acuerdo entre la insurgencia armada (FARC-EP y ELN) y el gobierno, habría que tener en cuenta que no vamos a estrenar posconflicto sino que en Colombia ya estamos viviendo el derivado de los acuerdos de paz entre el M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame. 

Aunque lo deseable es que el postconflicto sea el resultado de negociaciones exitosas con el conjunto de la insurgencia, el haber logrado acuerdos de paz con apenas una parte de la misma no invalida dicho proceso ni menos los resultados, buenos o malos, obtenidos gracias a los mismos. Repetimos: sin esos acuerdos de paz hoy no podríamos estar hablando de una constitución garantista como la de 1991, ni de ganancias tales como el derecho de tutela, la mejor herramienta del ciudadano común y corriente para hacer valer sus derechos, con eficacia y prontitud, ante las autoridades competentes. Aparte de las enseñanzas que puedan aportar los postconflictos de otras latitudes, sería un error craso echar por la borda la experiencia de un posconflicto que nos  pertenece y que por fortuna todavía lo estamos viviendo.

No haberle imprimido el sello del posconflicto surgido del anterior arreglo de paz con la insurgencia, fue lo que condujo al Polo Democrático a la crisis política que actualmente lo desgarra. Esta organización legal se parece más a las surgidas antes de los acuerdos de paz logrados con las organizaciones antes mencionadas, que al tipo de organización que se requiere para darles contenido a unos acuerdos de paz que generan condiciones nuevas que modifican el mapa geopolítico e histórico de la nación. Y no hablamos solamente de la izquierda sino también de la derecha, con unos partidos anquilosados más acordes con la vieja constitución que con la nueva. En un nuevo contexto histórico si las herramientas políticas preexistentes no se adecúan al mismo, o no se crean otras diferentes, ello no da pábulo sino al caos y la anarquía y a que surjan nuevas guerrillas o se implanten gobiernos autoritarios de ingrata recordación. 
Ahora se presenta la oportunidad de un nuevo postconflicto, que más que nuevo, debe ser la continuidad mejorada del que ya existe, lo cual quiere decir que lo que existe del primero tiene que adecuarse a lo que viene del segundo, y viceversa. La oposición de ambas experiencias puede resultar fatal si lo que se pretende es encarar con éxito los retos, no pequeños por cierto, que se derivan  de un proceso de paz, como el que se avecina, que puede partir la historia política del país. Como no hubo una negociación de conjunto, lo ideal sería lograr, mediante un proceso de discusión sincera, que los dos postconflictos confluyeran en uno solo. Si la izquierda revolucionaria se empeña en seguir construyendo expresiones políticas con los esquemas dogmáticos del pasado, ignorando el nuevo contexto histórico, seguirá arando en el mar y sembrando en el desierto y repitiendo la eterna disputa de siempre de cada quien demostrarle al otro que la razón está de su parte.

Como ya lo dijimos, la constitución del 91 es una ganancia histórica del postconflicto que se derivó de la negociación con el M-19, el EPL, PRT y el Quintín Lame. Como en las negociaciones del Caguán entre el estado y las FARC pesó más la correlación de fuerzas en la arena militar que el punto de vista político, que resultó más teórico que real, la constitución del 91 y sus ganancias prácticas no fueron temas de discusión; a cambio de ello, ambas partes convirtieron el tiempo de las negociaciones en una tregua no pactada con el fin de fortalecerse militarmente. Hoy, las cosas son a otro precio, como quiera que las que se agotaron en Colombia fueron las condiciones para seguir haciendo la guerra y las que mejoraron aquellas que conducen a la paz. Ese es el escenario que hoy vivimos, y no hay ningún discurso, por más sustentado que parezca, que justifique la continuación de la guerra y que rompa el anhelo de paz que impera en el país. Las condiciones objetivas para hacer la guerra no tienen nada qué hacer frente a las condiciones subjetivas para lograr la paz. Pero son justamente las primeras, que siguen “vivitas y coleando” las que le van a dar sustento al postconflicto que se avecina. Y ahí la constitución del 91 sí que va a cobrar vigencia, tanta, que no solo será referencia obligada del nuevo postconflicto sino que ojalá se convirtiera en tema de discusión en la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional-ELN-.           

No hay mejor termómetro para medir los resultados del postconflicto dimanado del proceso de paz con el M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame que el desarrollo mismo de la constitución del 91. Hoy podemos verificar qué de esa constitución resultó favorable para el desarrollo de la nación y que no. Si las conversaciones de paz que se adelantan con las FARC-EP y las muy posibles que se darán con el ELN, tienen como referencia la constitución del 91 seguramente saldrán a la luz los temas de la misma que hay que profundizar, aquellos que hay que cambiar y los que ameritan reformarse. En el transcurso de las conversaciones ningún tema debe estar vedado, ni siquiera el del cambio de  constitución. Ninguno de los temas que se van a discutir en la mesa de negociaciones, es ajeno a la constitución del 91, por eso, sería un error de las partes no tratarlos a la luz de la misma. Es un marco adecuado para ventilar las contradicciones y lograr acuerdos que satisfagan a las partes. Que sea la constitución un punto de referencia para discutir, además de ser aceptable para ambas partes, tiene la virtud de procurarles mayor consistencia a los acuerdos y a los desacuerdos y mayor claridad a las decisiones conjuntas que se vayan tomando. Siendo el resultado de un postconflicto, ningún veedor más autorizado del proceso de paz que se adelanta que la carta magna que nos rige. Este procedimiento de procurarle un marco constitucional a las conversaciones de paz, genera un ambiente propicio a los acuerdos sin que por ello las partes pierdan el derecho a defender con radicalidad sus posiciones, aun cuando sí las obliga a presentar propuestas sustentables.